Mientras el Poder Judicial de Veracruz proclamaba un discurso de austeridad, en las entrañas de la administración, un grupo de 20 empresas sin domicilio ni trabajadores en planilla ganó contratos que suman 18.8 millones de dólares. A algunas de ellas, formadas a 900 kilómetros de distancia, se les pagó millones para tareas tan básicas como cortar el césped o limpiar vidrios.
Todas fueron beneficiadas durante la presidencia del mismo magistrado y tienen socios y direcciones en común. Dos de ellas fueron declaradas fantasma y tres de esos socios ya están siendo investigados en otro caso de corrupción en México. Se trata de una red de empresas a las que se les entregó millonarios contratos por parte del Poder Judicial de Veracruz, a pesar de que muchas de ellas no cumplían con los requisitos legales o ni siquiera contaban con trabajadores.
A poco de que Edel Álvarez asumiera como presidente del Poder Judicial de Veracruz, arribó el grupo de empresas cuestionadas. La magistrada que vino después de Álvarez, fue destituida y terminó denunciando una telaraña de corrupción en las contrataciones. Acá los acontecimientos en orden cronológico.
Además de simular contratos con el Poder Judicial, los tentáculos de estas empresas se extendieron a otras dependencias en 2018, como el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que entonces era presidido por Juan Pablo Álvarez Delong, hijo del magistrado Edel Álvarez Peña; o la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo entonces de Enrique Pérez Rodríguez —cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares— y quien también estuvo implicado en la estafa educativa veracruzana.
La telaraña de estas empresas cruza Veracruz y otros diez estados del país, donde también obtuvieron contratos en varias dependencias de gobierno, incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional.
En la Justicia veracruzana, las licitaciones y adjudicaciones eran controladas por el director administrativo y representante legal del Poder Judicial, Humberto Rodríguez Losilla, y por Jesús Obeso Martínez, quien era el subdirector de recursos materiales. Juntos formaban parte clave del comité de licitación.
Actualmente ambos exfuncionarios figuran como socios y apoderados legales en dos de las empresas vinculadas al exmagistrado Edel Álvarez Peña y su familia.
Para esta investigación se buscó vía telefónica al magistrado en retiro Edel Álvarez Peña, pero no se obtuvo respuesta. También se enviaron solicitudes de entrevista y cuestionarios a ex funcionarios clave en la contratación de empresas, pero no respondieron.
La actual magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre respondió a través de su oficina de comunicación que por el momento no estaba otorgando entrevistas a medios de comunicación.
¿Quién es Edel Álvarez Peña?
Edel Álvarez Peña es un político camaleónico que ha logrado transitar por la función pública a pesar de los cambios de corriente política, saltando por varios cargos, desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la llamada cuarta transformación del actual partido en el poder, Morena.
Dueño de varios medios de comunicación en el sureste de Veracruz, su pasado priísta lo llevó a ser presidente municipal de su natal Coatzacoalcos, y después, presidente estatal del partido.
Con el exgobernador del PRI, Fidel Herrera fue director del registro público de la propiedad y del archivo general de notarías.
El exgobernador Javier Duarte —ahora preso por delincuencia organizada— lo nombró magistrado por un periodo de diez años. Primero fue visitador y luego titular de la tercera sala.
Su nombramiento como presidente del máximo tribunal de justicia de Veracruz coincidió con la llegada de uno de sus viejos amigos al poder, el ahora panista, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
A su llegada, Alvarez Peña centró su plan de trabajo en la remodelación y rehabilitación de juzgados, la construcción de ciudades judiciales y la digitalización de la Justicia.
En sus informes oficiales presumió la creación de 36 juzgados y siete centros de convivencia familiar (Cecofam), además de los primeros juzgados digitales. Pero varios de esos juzgados serían desmantelados dos años después para salvar la crisis económica del Poder Judicial.
En 2017, cuando el Poder Judicial parecía estar en plena bonanza y modernización anunció la construcción de 21 ciudades judiciales para mejorar los servicios en los juzgados, evitar el arrendamiento de espacios y brindar un entorno más digno y eficiente para la procuración de justicia.
El contrato por 5 mil 916 millones de pesos para la construcción de estos espacios se entregó a un consorcio de empresas encabezado por la familia Ruíz Anitúa, quienes entre 2008 y 2014 crearon al menos siete empresas offshore en Panamá en paraísos fiscales a través del polémico despacho Mossack Fonseca, el centro de los Panamá Papers.
Las auditorías de la Contraloría General revelarían irregularidades en los contratos de terrenos, falta de expedientes técnicos, fallas en los registros contables y opacidad en los estados financieros.
Solo se alcanzaron a construir diez ciudades, las restantes fueron canceladas por el grave déficit financiero.
En 2019, a la llegada de la Cuarta Transformación (4T) adoptó el discurso de austeridad y emitió un decreto para recortar el gasto administrativo y una disminución del 20% en salarios de magistrados y consejeros.
En el caso del Poder Judicial de Veracruz el plan falló: los ahorros fueron mínimos y al contrario de los que se suponía ese año —el último de Edel Alvarez como presidente— entregó 98.1 millones de pesos (5.4 millones de dólares) a empresas “fantasmas”.
Aunque tenía la posibilidad de reelegirse por tres años más, declinó y cedió el paso a la magistrada Sofia Martínez por un periodo de tres años. Mujer cercana a la 4T no pudo terminar su periodo y solo ocho meses después fue destituida.
Martínez denunció entonces que su cese se debió a dos motivos: la negativa de pagar cobros irregulares a la empresa que construía las ciudades judiciales y la realización de auditorías a la administración de Edel Álvarez.
En su lugar llegó la magistrada Isabel Romero por tres años (2020-2022). Luego de concluir su periodo, fue elegida como presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien tomó protesta del cargo en diciembre del 2022.
Dos años después de la salida de Edel Alvarez, tras la pandemia del Covid, el Poder Judicial anunció que había caído en la peor crisis económica de su historia, con un déficit presupuestal de 500 millones de pesos (27 millones de dólares).
Cerró 29 juzgados, canceló la construcción de 10 de 21 ciudades judiciales y pidió una ampliación presupuestal para pagar salarios y mantener la operatividad.
La crisis se resumió en una frase de la magistra Isabel Romero dirigida a los trabajadores del Poder Judicial: “No hay dinero ni para arreglar el baño, cooperen de su sueldo”. Cientos de empleados de los juzgados fueron movidos de adscripción y otros despedidos, tras el desmantelamiento.
Pero esa crisis estaba muy lejos de la prosperidad que vivió Edel Alvarez, apenas 24 meses antes, cuando una cadena de empresas vinculadas entre sí facturaron servicios al Poder Judicial por más de 18 millones de dólares.
Una telaraña de empresas
En esta infografía se puede revisar como varios de los socios se repiten en los directorios de las principales 8 empresas que recibieron contratos del Poder Judicial de Veracruz.
De las 20 empresas revisadas en esta investigación, 13 fueron creadas mientras Álvarez Peña era magistrado. La mitad fueron disueltas después de hacer contratos con el Poder Judicial. En 2019 algunas fueron liquidadas o cerradas por cambios de domicilio, según consta en las actas del registro público de comercio.
Las empresas creadas mientras Edel ya era magistrado fueron: Proveedora OX, Maracaibo, Aquacaribe, Unimontaño, Itzaes, Gran Groma, Globaltec, Garanuk, Praka Pacifico, todas de 2017; y en 2018, Eiram, Lemre de la costa, RJ diseño y People Lear Word.
A esta red se suman: Faundón, Indigo Asistence, Prime Latino, Diamante Innovadora, Operadora de comercio, Golfo LTD y Balamku, creadas anteriormente.
AVC Noticias visitó los domicilios que estas empresas registraron en el padrón de proveedores del Poder Judicial en Jalisco y Quintana Roo, pero dar con ellas es como entrar en un laberinto.
Actualmente ninguna se encuentra en el domicilio que registraron. En algunos casos este no existía, en otros casos nunca operaron ahí o las oficinas fueron desmanteladas.
Las primeras transferencias del Poder Judicial al grupo de empresas fueron el 27 de enero del 2017 (Edel Alvarez asumió el 1 de diciembre del 2016). Ese día se traspasaron 3.8 millones de pesos a Indigo, Balamku y Diamante Innovadora de México.
Las transferencias —según consta en las facturas emitidas— avalaron contratos para implementar un sistema de red interna eléctrica, una inspección en los sistemas eléctricos de los edificios del Poder Judicial y una consultoría de organización en recursos humanos.
En los siguientes meses, los pagos a esas mismas empresas y otras relacionadas se multiplicaron, pero ahora por una diversidad de servicios sin relación entre sí.
El arte de simular contratos
En tres años, el Poder Judicial pagó más de 100 facturas por 44 millones de pesos a la empresa Indigo Asistence y Faundón.
No hay pruebas de la ejecución de los trabajos en ninguno de los servicios pagados, según determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los reportes de 2019 y 2020 de ese mismo organismo revelan que ambas empresas son simuladores de operaciones, no tienen activos fijos, empleados o domicilio oficial.
Aunque Faundón era una empresa sin activos ni empleados, el magistrado Edel Alvarez la había contratado un año antes, en 2018, para realizar una auditoría financiera a los recursos del Poder Judicial. Por ello pagó 754 mil pesos, según consta en una factura.
Indigo Asistence y Faundón fueron creadas en mayo del 2015 en Isla Mujeres, en Quintana Roo, por socios que iban de paso y sus domicilios físicos se ubican en el estado de Jalisco. Están conectadas a través de 16 apoderados legales comunes.
Son un eslabón de una cadena de complicidades.
Por ejemplo: Además de compartir socios, Indigo Asistence registró el mismo domicilio fiscal de Maracaibo y Balamku (otras empresas acreedoras de contratos con el Poder Judicial veracruzano que cobraron 50.1 millones de pesos, unos 2.7 millones de dólares), en un edificio en la ciudad de México. Pero en ese edificio no ubican su existencia en el directorio.
Faundón comparte socios con el resto de las 19 empresas investigadas en este reportaje. Una llamativa práctica en esta red es que cada dos meses estas empresas hacían revocación de socios y nuevos nombramientos, cambios de domicilio según el contrato en turno, y cambios en el objeto de la sociedad. Así, los miembros rotaban entre las sociedades.
Además algunas de estas compañías fueron creadas el mismo día. En sus actas constitutivas enumeran cientos de actividades comerciales que van desde siembra hasta exportación, sector inmobiliario y créditos, entre otros, pero ninguna especializada en los servicios que prestó al Poder Judicial.
Las empresas fueron creadas en los municipios de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo; Jalisco en Guadalajara, y el estado de Nayarit, por un grupo de seis notarios.
Siete de ellas (Operadora Aquacaribe, Balamkú Comercio, Diamante Innovadora de México, Prime Latino y Faundón) fueron constituidas en Isla Mujeres por el notario Gerardo Robigue Herrera Sansores, pero sus direcciones físicas están en Acapulco, Guerrero y Guadalajara.
Algunas de las características de los socios y apoderados es que son personas de menos de 40 años que registraron domicilios en colonias populares.
Muy lejos del azul turquesa del mar caribe de Cancún y de los lujosos complejos hoteleros e inmobiliarios de la ciudad, se encuentra una franja de colonias donde se ubican los domicilios de Javier de Jesús Cetina Luna y Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool, socios apoderados legales de 15 empresas que facturaron 252 millones de pesos (13.8 millones de dólares) al Poder Judicial en Veracruz.
Javier de Jesús parece ser un prodigio de los negocios. Apenas cumplió 31 años y entre 2015 y 2018, se convirtió en socio apoderado legal de varias empresas, no solo en Cancún, sino también en Jalisco.
El domicilio que registró en las actas constitutivas dista mucho de la bonanza de sus contratos. Es una pequeña lavandería en la avenida Rancho Viejo registrada con el nombre de “Agua Azul”. Al lado está la casa familiar. La empleada dice conocer a Javier, pero solo llega los sábados a visitar a su madre: no sabe dónde trabaja ni vive.
Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool es socia de Javier en dos empresas. Para llegar a su casa hay que atravesar varios kilómetros del fraccionamiento Villas Otoch, una hilera de miles de casas habitación en una de las zonas más inseguras del próspero Cancún.
En la calle Tules, los vecinos reconocen a Heidi quien ahora está desempleada y aparece como militante en el padrón del PRI de Quintana Roo. Su casa que tiene al frente techo de lámina, luce descuidada. Tampoco parece ser la socia de dos empresas que facturaron más de 60 millones de pesos (3.3 millones de dólares) al Poder Judicial de Veracruz.
En el recorrido para verificar el domicilio de las empresas, se encontró que siete de ellas comparten dirección, pero en el lugar no las conocen. Otras se encuentran en casas particulares donde tampoco han oído hablar de ellas, o en centros de negocios de empresas virtuales. Otras solo fueron desmanteladas y algunas empresas registraron domicilios fiscales diversos.
Por ejemplo Proveedora del Comercio OX y Diamante Innovadora registraron la misma dirección en Cancún, en un fraccionamiento donde la dirección no concuerda con la plasmada en el padrón de proveedores. Cuando se pregunta en un domicilio, un ciudadano americano que ahora vive ahí cuenta que a su vivienda llegan varias notificaciones de empresas que desconoce.
Globaltec Ingenio y People Leaders Worlds también registraron la misma dirección en la colonia Vallarta Norte en Guadalajara, Jalisco. Pero en ese lugar se encuentra un centro de negocios que renta oficinas con mobiliario y no tienen notificada la existencia de estas empresas.
El domicilio que Lemre notificó al poder judicial es una tienda de cervezas, pero en otros contratos su dirección es la misma que Globaltec y de People, un consorcio de oficinas virtuales.
La empresa Golfo LTD, que facturó 8.3 millones de pesos al Poder Judicial en 2017, está representada por Rodrigo Iván Nadal López, un empleado quien es titular del departamento de estadística del Poder Judicial de Quintana Roo.
Aunque nueve de estas sociedades ya no tienen actividad porque se disolvieron o cambiaron de domicilio, algunas otras como Lemre realizaron un cambio de apoderados en abril del 2022. En julio de ese año recibió un contrato del gobierno de Guerrero por 560 mil pesos para la renta de equipos multifuncionales para apoyo de supervisión de obra pública de fondos federales.
Los recovecos de la ley
Para saltarse la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial entregó el dinero a las empresas a través de contratos por montos que no requerían una licitación pública.
Los recursos se pagaron con el capítulo 3000 de la partida de servicios generales, un ítem que en 2016, antes de la llegada de Álvarez Peña, apenas alcanzaba un presupuesto de 100 millones de pesos y que creció hasta 600 millones de pesos al cierre de su administración.
También se usó una excepción en la ley orgánica del Poder Judicial que señala que se podrá adjudicar de forma directa un contrato cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.
Empresas a 900 kilómetros para cortar el césped
La ley orgánica del Poder Judicial prevé que los proveedores con domicilio fiscal en Veracruz tendrán preferencia en las adjudicaciones, pero contrario a esto, se entregaron decenas de contratos a empresas ubicadas a 900 kilómetros para hacer tareas tan simples como sacar la basura o cortar el césped.
Aunque la Contraloría interna del Poder Judicial detectó desde el 2017 irregularidades en la entrega de documentación de las empresas al inscribirse como proveedoras, no consideró que hubiera un daño patrimonial.
Por ejemplo, ese año una auditoría reportó que las empresas Golfo LTD, Balamkú y Primer Latino compartían 11 socios con la empresa Faundón SA de CV —declarada fantasma por la SAT en 2020—, pero además todas incumplieron con los requisitos al inscribirse en el padrón de proveedores del Poder Judicial —un requisito indispensable para obtener contratos—.
En 2018, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado también detectó que las empresas habían incumplido con varios requisitos al recibir contratos, pero tampoco investigó más a fondo.
En 2019, otra auditoría interna del Poder Judicial detectó un incremento exponencial en el rubro de servicios generales y se generó una alerta por la forma en que se adjudicaron algunos contratos a estas empresas.
Ahí se señaló que, mientras que el presupuesto aprobado por el Congreso Local fue de 391 millones de pesos, el gasto del Poder Judicial real sumó 663 millones de pesos, es decir, 100% más.
En la auditoría de la cual se tiene copia, se informó que no había actas de pleno del Consejo de Judicatura con la aprobación de contratos y en otros casos faltaban firmas de los integrantes, había discordancia entre las proposiciones y los fallos de los ganadores, y no se había supervisado el cumplimiento del contrato de servicios.
En 2020, tres meses después de que el magistrado Edel Alvarez dejara la presidencia, el Poder Judicial realizó una auditoría especial al servicio de asistencia técnica para soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales y asistencia técnica para el apoyo de la Subdirección de Tecnologías del Poder Judicial y el Servicio de Asistentes Generales en el Tribunal Superior de Justicia. Los resultados fueron una alerta para la nueva administración cuando se detectó que cinco empresas —Unimontaño, Praka Pacifico, Eiram Blanc, Itzaes Industria—, quienes recibieron contratos por 20.1 millones de pesos (1.5 mdp), tenían los mismos socios legales.
Lo más grave que señala la auditoría es que no se encontró evidencia de que los proveedores hubieran proporcionado los servicios y se presumía la práctica de operaciones inexistentes y/o simuladas.
Los auditores advirtieron la comisión de actos ilícitos por parte de los ex servidores públicos y señalaron un daño patrimonial por el desvío de más de 18 millones de pesos (un millón de dólares), sin embargo no hubo denuncias en contra de los ex funcionarios, no hay abiertas investigaciones sobre el tema, ni se investigaron otros contratos.
La magistrada Sofia Martínez (quien falleció en febrero de 2022) denunció públicamente el 3 de diciembre del 2020 que unas horas después de ser elegida en el cargo fue llamada a la oficina del gobernador, Cuitláhuac García, quien se encontraba con el secretario de gobierno Eric Cisneros. Según la magistrada, García le dijo lo siguiente: “Es importante que tenga conocimiento de que el Secretario de Gobierno tuvo que realizar acuerdos con el anterior presidente (Edel Álvarez) y dentro de estos acuerdos quedamos en que no se haría una cacería de brujas, por lo cual todo aquello que tenga que ver con la anterior administración, lo tendrá que ver con el ingeniero Cisneros”. Martínez había sido destituida solo 8 meses después de asumir.
En su momento el Secretario de Gobierno negó estas acusaciones. “No tenemos ninguna injerencia en las decisiones del Poder Judicial”, dijo.
Una fuente del Poder Judicial que prefirió no revelar su nombre, aseguró que el acuerdo fue no avanzar en las investigaciones a la administración de Edel y dejar las auditorías en el olvido, pero durante la revisión detectaron que varias empresas de las contratadas, con domicilio en Cancún, no tenían domicilios reales: “Mandamos oficios a las empresas, no contestaron, nos dimos cuenta que algunas estaban en lotes baldíos”.
El Poder Judicial informó vía transparencia para esta investigación que ninguno de los funcionarios que presidieron las comisiones de contratación y licitación fue investigado por la adjudicación de estos contratos. Tampoco hay investigaciones en curso a las empresas y sus socios. 
El hijo del magistrado Edel Álvarez Peña, Juan Pablo Álvarez Delong fue director del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveycidet) entre 2017 y 2018, y contrató a las mismas empresas para realizar servicios variados.
En 2018 dio un contrato a la empresa Prime Latino por 8 millones de pesos para la adquisición de bienes informáticos y a Proveedora del Comercio OX SA de CV por 2 millones de pesos para la compra de material didáctico, compras y suministros.
En 2021, Álvarez Delong fue nombrado como nuevo Coordinador en el Distrito XII en Coatepec del Partido del Trabajo, aliado de Morena.
Las empresas utilizadas por el Poder Judicial de Veracruz también extendieron sus redes a otras dependencias del estado como la Secretaría de Educación de Veracruz.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, interpuso en marzo del 2022 la denuncia GFE/FCCEV/170/2022 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz por entregar 32 contratos por 128.1 millones de pesos a cinco empresas, entre ellas Índigo Asistence, declarada como fantasma por el SAT.
Apoderados legales de empresas están ligados a estafa maestra
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunció a 25 personas físicas y morales, entre ellos a Emilio Lozoya -ex director de Petróleos Mexicanos- por su participación en la “Estafa Maestra”, cometida en detrimento de Pemex durante el sexenio pasado, lo que derivó en el desvío de recursos por más de 400 millones de Pesos.
Andrick Arturo Argüello Esquivel quien es socio en 10 empresas utilizadas por el Poder Judicial y administrador único de Golfo LTD SA de CV, Víctor Alejandro Perera Torres socio de tres empresas y Juan Carlos Cervantes González es socio de 14 empresas, aparecen en la lista de personas investigadas por la UIF por los desfalcos a la petrolera.
Contratos por todo el país
Las empresas utilizadas por el Poder Judicial también realizaron contratos en otras entidades del país. Por ejemplo la empresa Grand Groma SA de CV, obtuvo en 2020 un contrato por 1.2 millones de pesos para kits por emergencia covid a los Servicios de Salud de San Luis Potosí.
Prime Latino obtuvo un contrato por 7.7 millones de pesos con la Comisión de Agua Potable de Acapulco en Guerrero.
Garanu AK obtuvo un contrato por 3 millones de pesos en el municipio de Coacalco en el Estado de México. Maracaibo Ingenio obtuvo contratos por 3.7 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Zacatecas
A la par que entregó contratos a empresas con conflicto de intereses. También dio 94 millones de pesos a empresas de nuevas creación - 1 año de creadas- lo cual estaba impedido por su decreto de austeridad.
Según el decreto de austeridad, solo se podría firmar contratos preferentemente con proveedores con domicilio fiscal en Veracruz y con una antigüedad mínima de cinco años, lo cual debían acreditar con constancia emitida por el Servicio de Administración Tributaria.
La historia se repitió con la magistrada Isabel Romero (2020-2022), quien junto a Joana Marlen Bautista Flores, directora administrativa, entregaron al menos 53.7 millones de pesos en contratos a empresas de reciente creación entre 2021 y 2022.
Son empresas que se crearon y apenas cuatro o cinco meses después recibieron contratos.
La Auditora General del Estado, Delia González Cobos reconoció que se genera sospechosismo que a empresas que se crearon al inicio de la administración de Morena se les estén dando contratos millonarios para la realización de obras y acciones.
“Una empresa de reciente creación, que sirva para realizar cualquier trabajo en una entidad, da la impresión de que tiene la intención de ser favorecida. Aquí, creo yo, debe cuidarse no solamente es el aspecto jurídico, de cumplir la ley, se debe cumplir también el no poner en entredicho la buena actuación de los servidores públicos.
Ante la crisis económica, en octubre del 2021, el Congreso de Veracruz aprobó un presupuesto de 200 millones de pesos (11.1 millones de dólares), como rescate financiero al Poder Judicial. En la discusión, el diputado de Morena, Rubén Ríos Uribe, pidió a la magistrada presidenta en turno, Isabel Romero, interponer denuncias penales en contra de los causantes de este déficit.
“Tenemos indicios suficientes para decir que hay contratos que se entregaron a empresas fantasmas donde los domicilios fiscales son estacionamientos, vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones, a las cuales se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos”.
En entrevista para esta investigación el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, vocal de la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local denunció que la revisión de contratos del Poder Judicial levanta sospechas sobre la veracidad de los mismos.
El legislador dijo que la Comisión de Vigilancia del Congreso pedirá al Órgano de fiscalización de Veracruz que inicie las investigaciones en la próxima cuenta pública.
Juan José LLanes Gil, abogado con más de 20 años litigando y parte del Consejo consultivo de la Organización Nacional Anticorrupción en Veracruz, advierte que la principal afectación al poder judicial durante los últimos años, ha sido la pérdida de confianza en un ente que debe garantizar la justicia.
Víctor Andrade Guevara, académico de la Universidad Veracruzana y que ha realizado análisis sobre el Poder Judicial, considera que se vive una de las peores crisis de credibilidad y opacidad. Lamento que pese a las irregularidades detectadas los órganos de control interno y externo no procedieron con las denuncias. “ Parece que es más importante tapar los huecos que dejaron administraciones anteriores que esclarecer y rendir cuentas.
El reclamo de los abogados
Apenas en octubre pasado, abogados de Veracruz denunciaron que los juzgados de la ciudad de Cardel —a 40 kilómetros de Veracruz— carecían de insumos mínimos para operar como agua, baños, internet, ni instalación eléctrica.
Los Colegios de Abogados han solicitado la intervención de la nueva presidenta el Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, (elegida el 2 de diciembre del 2022) para revisar nuevamente las instalaciones de juzgados que se encuentran en mal estado y ni siquiera tienen aire acondicionado, en regiones donde la temperatura rebasa los 30 grados celsius.
También urgieron la instalación de un sistema digitalizado como funcionan en otros estados del país y la dotación de papel para copias.
La magistrada ha asegurado que la construcción de las ciudades judiciales se realizará pero ahora con dinero propio y anunció la primera en el norte de Veracruz con una inversión de 22 millones de pesos.
Pero la inversión suena imprecisa, porque el costo de ciudades judiciales en otros puntos del país como Michoacán costó 42 millones de pesos, o en Tamaulipas 430 millones .
Mientras el actual poder judicial de Veracruz busca recursos para cumplir con la construcción de ciudades.
Los abogados ven difícil que exista justicia para resarcir los recursos perdidos. “Para sancionar hay un componente de voluntad política y no la hay, en función de que destapan la corrupción si está tiene fines destructivos y se puede capitalizar y este no es el caso”, dice el abogado Llanes.
Y va más allá: “Edel es un magistrado en retiro, ni tiene aspiraciones políticas, entonces no sirve, por el contrario, pensemos, ¿alguien compró impunidad?
FUENTE https://cbyl.short.gy/TVuOjy
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